OPINIÓN

Derecho a la rebelión: con todo, sino pa’ qué

Durante estos cuatro meses desde el inicio del levantamiento social de octubre en Chile, mucho se ha discutido en torno a la legitimidad de un proceso de lucha popular. En ese sentido, hemos escuchado casi como un mantra una seguidilla de condenas a la violencia (o la interpelación a condenarla), como también el -ya casi para la risa– “no es la forma”. Esto, más allá de lo trivial que puede parecer al comienzo esta discusión, nos lleva ineludiblemente a preguntarnos dos cosas: ¿qué tan legítima es la protesta popular en forma de rebelión? ¿y qué rol cabe a la violencia en dicho proceso? Son dos cosas que intentaremos orientar en estas breves líneas, desde el Derecho pero por supuesto también desde la necesaria posición política.


En primer lugar, ¿existe un derecho a la rebelión? Sin duda alguna la respuesta es sí. Y ello no es una posición política antojadiza, sino que se trata de un tópico tratado desde muchos campos del saber humano a lo largo de la historia, como la biología, la filosofía, la religión e incluso desde el Derecho: La rebelión, la revolución o la desobediencia civil han sido reconocidos como un “derecho anterior a los derechos”, en tanto es legítimo y justo oponerse a regímenes autoritarios y a gobernantes que sean ilegítimos por su origen o la naturaleza de su ejercicio. Por supuesto, el cuándo y el cómo ejercer esa lícita rebeldía es un debate que se mueve dentro de dicho marco y que varía según las condiciones que la inducen pero sigue siendo ello: parte de un debate.

No hacemos, entonces, apología a la violencia: violencia es lo que existe en el actual sistema político y económico, y, de hecho, luchamos para terminar con ella


Un ejemplo continuamente utilizado es el de la Revolución Francesa, no sólo por el desarrollo y las contradicciones del proceso, sino por las consecuencias que tuvo a nivel histórico y como una de sus principales conclusiones fue una de las primeras cartas internacionales en tratar los derechos humanos. Ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 se establece en su artículo 35 que cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, “la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”. 


Por otro lado, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, texto basal del sistema mundial de derechos humanos y ratificado por Chile, se establece en su preámbulo que “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Es decir, establece que los derechos humanos son un objetivo por sí mismos, reconociendo implícitamente que en caso de no ser respetados, la rebelión contra la tiranía y toda forma de opresión es lícita. 


Si bien estos dos cuerpos legales citados son un ejemplo de codificación (es decir plasmar en códigos escritos las leyes o la tradición) el derecho a la rebelión ha existido principalmente por fuera de la ley e históricamente ha sido invocada en las múltiples luchas por la independencia y las dictaduras a lo largo del mundo.


Ahí se presenta otro debate ineludible: ¿cuál es el rol que le compete a la violencia en los procesos de protesta o rebelión popular? 


En mi opinión, todo y nada. Nada, en tanto no elogiamos ni promovemos la violencia, pero entendemos que esta no es más que expresión de un descontento generalizado; y todo, en medida de que la violencia política (es decir, la organizada, mancomunada y con objetivos claros) tiene un sentido y objetivo transformador histórico, distinto al de la mera violencia individual o sin una finalidad.

Me gustaría insistir en la noción de entender como una idea distinta a justificar o mucho menos inducir. Las desigualdades sociales que ha provocado el sistema económico y político imperante no nos tocan a todos por igual, generando distintos contextos sociales en los cuales nos desenvolvemos, y que van moldeando la forma en que percibimos lo social. Esta contradicción es notablemente violenta. No se trata de un mero ejercicio teórico, es un estado objetivo de la realidad social (y que Marx llegó a afirmar como “motor de la historia“).


Esto no ha sido establecido como una institucionalidad o estado deseado por la mayoría de nosotres, sino que se devela como un conflicto entre quienes tienen el poder y quienes no, entre los trabajadores y los controladores de los grandes grupos económicos, verdaderos dueños del trabajo y el capital. Es más, el lugar donde nos situamos dentro de la ciudad (por supuesto, sumado a  muchos otros factores) determina en gran parte nuestro ser social, amigos, expectativas laborales, etcétera.. No es lo mismo nacer en Renca que haber nacido en Las Condes. Negar eso sería negar una realidad medible y tangible.

Las fuertes desigualdades sociales que ha traído el sistema económico y político han generado distintos contextos sociales (…) Esta contradicción es notablemente violenta


Por lo mismo, el discurso de condenar la violencia “venga de donde venga” oculta precisamente eso: las abismales desigualdades sociales son una de las más importantes causas que originan la violencia política. Se siente como un discurso alejado de los ciudadanos comunes, sobre todo de los más desfavorecidos. Oculta la rabia, trata de omitirla, produciendo aún más malestar.  


Ahora, sobre la idea de violencia política, que la población se organice y realice, por ejemplo, un acto de protesta que incluya barricadas, no puede sino ser un ejemplo de aquello. Existe un colectivo (organizado u inorgánico, da lo mismo) que se expresa de forma conjunta. Han sido aquellas las mismas expresiones que han hecho que en lugares como Aysén y Freirina (2012), Calama (2013), históricamente en el Wallmapu y ahora en todo Chile, han logrado remecer a las dirigencias políticas del país, levantando las justas necesidades de sus pueblos.


No hacemos, entonces, apología a la violencia: violencia es lo que existe en el actual sistema político y económico, y, de hecho, luchamos para terminar con ella. Entendemos, así, que existe un tipo de violencia política y eventualmente revolucionaria, que se estima desde la unidad colectiva por sus objetivos, que tiende a expresarse como protesta contra el injusto orden imperante. En otras palabras, son una manifestación del legítimo derecho a la rebelión, que como se ha dicho en este contexto desde la jerga más juvenil, ha sido “con todo, sino pa’ qué”.

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