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Crisis sanitaria y desigualdad: Cuando la cuarentena es un privilegio

Probablemente, a inicios de marzo habría sido difícil imaginar lo trastocada que se vería la vida producto de la propagación de la pandemia de Coronavirus. Junto con la actualización diaria de la cantidad de personas contagiadas con COVID-19, de fallecidas, pacientes en estado grave y las personas recuperadas en Chile y el mundo, se ha intensificado el llamado a permanecer en casa y mantener el distanciamiento social. En la práctica, a hacer por nuestra cuenta una cuarentena preventiva voluntaria.


Sin dudas, el aislamiento es una medida clave para atenuar la rápida expansión del virus, o como lo llaman los expertos, “achatar la curva”. Sin embargo, para la amplia mayoría de los chilenos y chilenas, esta simplemente no es una opción posible: si no trabajan, no comen. Por muy descarnada que suena la frase, se trata de una cruda realidad. Hasta hoy, ninguna medida anunciada por el Gobierno ha cambiado esa situación. Una vez más, cuidarse ha pasado a ser un privilegio de pocos y pocas.



Precarización laboral ¿en tiempos de crisis?


De acuerdo a cifras de la Fundación SOL, casi el 39% de las y los trabajadores tiene un empleo informal o independiente, es decir, no cuentan con un contrato de trabajo ni con las garantías mínimas de protección social. En este grupo, de cerca de 3 millones 600 mil personas, se incluyen las actividades por cuenta propia, quienes trabajan dependientes pero sin contrato y los y las trabajadoras a honorarios.


Por otro lado, un porcentaje importante de la población recibe bajos salarios, cuestión que es otro de los impedimentos para que el cuidarse y quedarse en casa se vuelva una elección voluntaria. Teniendo o no un contrato, casi la mitad gana menos de 400 mil pesos mensuales y un 70% gana menos de 550 mil. Si a eso sumamos los niveles de endeudamiento y morosidad, la cosa se pone aún más fea.


En Renca, según la información del Instituto Nacional de Estadística (INE 2017), un 27,6% mantiene un empleo informal. Si ese grupo lo clasificamos por quintil de ingresos, el 71,6% pertenece al primer quintil, es decir, el grupo familiar de menos ingresos por persona. Por otro lado, el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que pueden acceder a mecanismos de teletrabajo en la comuna sigue siendo bajo, producto del tipo de labores que ejercen. Aún hay grandes desafíos en temas de educación y calificación laboral. Según la encuesta CASEN 2015 el 47% de los renquinos y renquinas mayores de 18 años que declaran trabajar no tienen educación media completa. La mayoría se desempeña en tareas presenciales como la construcción, servicios, ventas, entre otros. 


Aún así, si el rubro o las funciones permitieran trabajar desde casa, poco menos de la mitad de los hogares en Renca no tienen conexión de banda ancha domiciliaria. El resto podría acceder a internet desde sus teléfonos móviles, siempre y cuando tengan contratado un plan de datos. Todo esto sin considerar el detalle de las condiciones de infraestructura de las viviendas, como que cuenten con un computador de escritorio o laptop, un espacio de trabajo adecuado y lidiar con los niños y niñas que igualmente están en casa con procesos educativos a distancia por el cierre de escuelas y jardines infantiles.



Salvavidas a medida del mercado


Así la situación, es lógico pensar que la única manera de proteger a la población y evitar el rápido colapso del sistema de salud es garantizando las condiciones para que este otro Chile, el del trabajo precario, se pueda quedar efectivamente en casa. Es decir, asegurar un piso mínimo de ingresos, suficientes para que una familia pueda abastecerse durante la cuarentena.


Otras medidas relevantes son mandatar a las grandes empresas para que realicen el pago de sueldos, la prohibición de despidos a causa directa de la pandemia, suspender temporalmente el pago de servicios básicos (agua, luz), créditos hipotecarios y deudas educativas. Un paso más allá (y así lo han hecho algunos países europeos) es la fijación de precios para los productos de primera necesidad, facultad que le otorga el estado de emergencia al Gobierno. Pero en Chile varias cosas dejaron de tener sentido hace mucho tiempo.


No es lógico, por ejemplo, que seamos el único país del mundo donde el agua está completamente privatizada. No es lógico que aún esté vigente una Constitución Política ilegítima escrita en dictadura donde el derecho a la propiedad privada tiene más protección que el derecho a la salud o la educación. No es lógico que estos aspectos esenciales de la vida estén arrojados al mercado, así como las pensiones de los y las jubiladas, pero lo están.


Y es bajo esas mismas dinámicas ilógicas, bajo el descarnado fundamentalismo de mercado, que surge la ley de protección del empleo, tras el insólito dictamen de la Dirección del Trabajo. Dicha ley, que ya está en vigencia, permite la ‘suspensión temporal de las obligaciones contractuales’ donde las empresas, de forma arbitraria y sin ningún tipo de distinción, pueden dejar de pagar los sueldos a aquellas personas que no puedan cumplir con sus trabajos, o pueden determinar reducciones de la jornada laboral, con su respectivo ajunte de renta, supuestamente de mutuo acuerdo con los empleados y empleadas.


La Dirección del Trabajo tiene por objetivo proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras de los abusos laborales y compensar la relación asimétrica entre empleado y empleador. El argumento para esta ley -dice el Gobierno- es impedir que los despidos sucedan y, para eso, han dispuesto dos paquetes de medidas que lo que hacen es asegurar liquidez a las empresas, vía reducción o postergación de impuestos, y mediante una suerte de créditos con aval del Estado que le inyecta recursos a la banca para este fin.


Eso en miras a las empresas, sin embargo, cuando pensamos en las personas, ¿cuál es la solución para proteger los empleos?, que ese sueldo que el empleador no va a pagar en este periodo salga del seguro de cesantía de los propios trabajadores y trabajadoras. Para quienes no cuentan con un contrato de trabajo, en concreto podrían recibir el “bono COVID-19” de 50 mil pesos, nada más se ha planteado con claridad para ese segmento. Francamente, el chiste se cuenta solo. 


Que no paguen los y las de siempre


Vanessa (47) es asesora del hogar desde hace dos años en una casa de Lo Prado. Es madre soltera de tres hijos, uno estudia enseñanza básica, otra va en media y el mayor está iniciando un instituto. Viven en Las Casas de Renca 1, en el sector poniente de la comuna. Como la gran mayoría de las trabajadoras de casa particular, Vanessa se ha visto afectada por esta crisis tanto en sus ingresos como en su seguridad. Al estar suspendidas las clases, sus hijos están en la casa, pero ella debe seguir yendo a su trabajo. La única manera que tuvo para estar algunos días en casa fue tomar días de sus vacaciones. “Me habría gustado usarlas en otra fecha pero no tuve otra opción”, asegura.


Su empleadora, a su vez, le comentó que renunciaría a su trabajo por verse expuesta a tareas de riesgo, y que por tanto, ya no podría mantener su sueldo. Vanessa cuenta que como trabajadoras de casa particular no tienen pago por años de servicio, sino el empleador paga un porcentaje todos los meses en la AFP que es ‘a todo evento’, “ese monto no es lo mismo, pues no alcanza a ser un mes de sueldo, además no se fiscaliza si nos hacen contrato o no”. Finalmente Vanessa no fue despedida, pero redujeron su jornada de 5 a 3 sus días semanales de trabajo y, desde luego, bajaron su salario. “Ahora , si declaran la cuarentena total, estoy jodida”, dice. En ese caso, ya no recibiría sueldo alguno.


Eduardo (35) es dueño de la Ferretería Salvador en la Población Matucana, un proyecto familiar que iniciaron en 2015. Hoy ya son 5 las personas que componen el grupo de trabajo. Su ferretería ha seguido funcionando, pero han tenido una disminución de ingresos considerable. “Para nosotros cerrar aún no es posible, tenemos que cubrir 4 sueldos más aparte del mío. He decidido no hacer caja durante este estado crítico y solo enfocarnos en ajustar los gastos para reordenarnos cuando pase todo esto”, comenta Eduardo a El Radar Renca.



A medida que se iban informando, fueron tomando las primeras medidas de resguardo. Eduardo explica que “en primera instancia pedimos a  algunos trabajadores que adelantaran sus vacaciones, sobre todo los que integran grupos de riesgo”, cuenta. También acortaron los horarios de atención y atienden a través de una reja, impidiendo el ingreso de público al local. “Además usamos mascarillas, guantes y tenemos desinfectante en spray y alcohol gel”, agrega. En su barrio, la junta de vecinos instaló carteles en la Av. Domingo Santa María con instrucciones para respetar distancias de las filas, usar mascarillas y demás medidas de prevención.


Tanto Eduardo como Vanessa se sienten desprotegidos por parte de las autoridades. Eduardo afirma que no tienen ningún canal de información con el municipio y que el gobierno mandó un informativo sobre medidas tributarias como suspensión de los pagos previsionales y el pago del IVA. “Pero claramente tenemos que seguir cubriendo cheques, facturas con proveedores, entonces ciertamente no es ayuda suficiente”, dice. Eduardo podría acceder a algún crédito de los que el gobierno dispondrá mediante inyección de recursos a la banca, pero aún se desconoce bajo qué condiciones. “Nosotros no tenemos derecho a nada, los trabajadores en general estamos bien solos. Las medidas económicas solo protegen a las megaempresas”, remata Vanessa.


A la fecha, Renca tiene 26 casos de contagios confirmados de COVID-19, una cifra que a primera vista podría parecer baja, pero que no se descarta pueda aumentar aceleradamente cuando vemos que gran parte de nuestros vecinos y vecinas deben seguir saliendo a trabajar todos los días. No porque no quieran cuidarse o no les preocupe su salud y la de los demás, sino porque deben mantener el sustento de sus hogares.


No hay duda que, tal como recomiendan el Colegio Médico y diversas instituciones expertas, es necesario que el Gobierno decrete una cuarentena total lo antes posible, pero igual de urgente se requiere que se tomen medidas de protección para las personas por sobre los intereses corporativos para mitigar el impacto económico que tendrá quedarse en casa para muchas familias. Medidas para que Vanessa pueda alimentar y cuidar a sus hijos y que Eduardo pueda seguir pagando a sus trabajadores. Para que esta crisis, por fin, no la paguen los mismos y mismas de siempre..


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