OPINIÓN

Impunidad en tiempos de pandemia

Por Agrupación de Memoria Renca de Pie

En vísperas de una de las semanas santas más extrañas de los últimos años, el día jueves 9 de abril la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago redujo la condena y liberó a 17 ex agentes de la DINA condenados por secuestro y homicidio calificados. Estas acciones, llevadas a cabo entre 1974 y 1977, terminaron con la desaparición de 6 vecinos de la comuna. Además de desestimar las demandas de familiares en el caso. La semana santa que para muchas personas es un espacio de reflexión, para las familias de las víctimas de violaciones a los DDHH esto terminó siendo un nuevo mazazo de impunidad por parte del Estado.


Esta decisión judicial es inaudita, tanto por el fallo como por los argumentos que utilizaron los Ministros Mera Muñoz, López Miranda y el abogado Cristián Lepin para justificarlo. En simple, se revocó la condena a Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Hermon Alfaro, Pedro Bitterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Eusebio López; y redujeron de penas de 3 a un año a Ricardo Lawrence, Jorge Andrade, Juan Morales, Ciro Torrés, Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón, todos ellos ex-agentes de la DINA. añadiendo además el beneficio de poder cumplir sus condenas en su domicilio bajo libertad vigilada.


Esto viene a confirmar lo que señalamos por mucho tiempo y comprobamos desde el estallido social del 18 de octubre del 2019: El “nunca más”, lamentablemente, fue sólo una consigna que se diluyó en el tiempo de “la medida de lo posible”. 


Lo mismo en el caso de los militares que habiendo “laborado” en los centros de detención, tortura y exterminio (Venecia, Cuatro Álamos, Simón Bolívar y Villa Grimaldi), se les eximió de culpas porque supuestamente, dadas las condiciones y el clima político luego del golpe, la vida de los seguidores y militantes de los partidos de la Unidad Popular ya estaban en peligro. “Las víctimas, por sus circunstancias políticas, ya se encontraban en una situación de riesgo preexistente y el poder era ejercido por los cuerpos armados en forma absoluta”. Este tipo de razonamiento, a la luz de la historia, es indignante.

(el fallo) confirma lo que señalamos por mucho tiempo y comprobamos luego del estallido social: el “nunca más” fue sólo una consigna que se diluyó en el tiempo de “la medida de lo posible”.


Y no sólo eso, también se cuestiona la veracidad y gravedad de los crímenes cometidos, a veces apelando a tecnicismos, como “Que el tribunal a quo ha entendido que el homicidio (…) es uno calificado por la circunstancia primera del N° 1° del artículo 391 del Código Penal, esto es, la alevosía, sin detenerse a explicar mayormente por qué entiende que, en la especie, concurre dicha calificante. En concepto de esta Corte, no hay tal alevosía”, aun cuando se explican los crímenes, se identifica a los ejecutores y a quienes fueron sus víctimas.


Este es sin duda otro episodio negro en términos de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura cívico-militar, así como para sus familiares y sobrevivientes, muchos de los cuales siguen aún sin conocer el paradero de sus seres queridos.  


Entre las víctimas secuestro y la desaparición se encuentran: Manuel Guillermo Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González, Nalvia Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Clara Elena Canteros Torres, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Víctor Hugo Morales Valenzuela, Mario Jesús Juica Vega, Miguel Nazal Quiroz, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Julio Roberto Vega Vega, Juan Aurelio Villarroel Zárate, Eduardo Canteros Prado.


En una vinculación directa con la comuna de Renca se encuentran:


Manuel Guillermo Recabarren González, Luis Emilio Recabarren González, Nalvia Mena Alvarado y Manuel Segundo Recabarren Rojas, detenidos desaparecidos desde el día 29 de abril de 1976. Mario Jesús Juica Vega, detenido y desaparecido desde el día 09 de agosto de 1976 y Julio Roberto Vega Vega, detenido desaparecido desde el día 16 de agosto de 1976. Todos detenidos y secuestrados en la vía pública.


Episodios como este no pueden pasar desapercibidos en un contexto de pandemia, ni de cualquier otro tipo de normalidad a medias. De hacerlo, estaríamos siendo cómplices de la impunidad de estos crímenes. Crímenes que en cierta forma nos recuerdan a otros llevados adelante por el actual gobierno. El mismo que apenas decretado el Estado de Catástrofe mandó a pintar el monumento a Baquedano, intentando borrar las consignas del pueblo movilizado en su contra. No bastando con eso, en plena cuarentena, va y se sienta en el monumento sacándose fotos, argumentado – mintiendo una vez más -, que solo había pasado a saludar a uniformados, mientras los videos dicen todo lo contrario. Siendo un acto de burla a todas las personas que han dejado su cuerpo y sus ojos en ese lugar.


Porque en Chile lamentablemente todavía hay violaciones a los Derechos Humanos, precisamente por los que buscan defender y mantener el modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar. Bajo la lógica de los ministros de la Corte  sólo se trataría de cumplimiento de órdenes en un ‘contexto’ determinado. Como el informe de Carabineros poniendo en duda su responsabilidad en el caso de Gustavo Gatica, añadiendo además que este pudo haber sido herido por los propios manifestantes. cumpliendo lo dicho por el nuevo General rastrero, que a nadie iba a dar de baja.


Para concluir, insisto que fallos como el de la Corte de Apelaciones son una nueva señal de que en Chile los delitos de lesa humanidad solo se condenan de manera simbólica. Para los ojos de la justicia, ser comerciante ambulante es más grave que haber secuestrado y matado personas que, de mar a cordillera, compartían este mismo suelo. Por que quienes hacen las reglas no son juzgados como quienes están obligados a obedecerlas.


Y es más, acá aún se sigue intentando poner al pinochetismo como una postura política válida en el variopinto escenario político. Se sigue jugando al empate al momento de enseñarlo en las escuelas y cada cierto tiempo se vuelve a escuchar el discurso de “dejar las odiosidades atrás”, porque según ellos no permite la “reconciliación nacional”.


Ante esto somos y seguiremos siendo claros: no habrá reconciliación posible mientras no haya verdad y justicia.

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