OPINIÓN

Hoy o en octubre: La crisis sanitaria como refuerzo al Apruebo una nueva Constitución

La pandemia que ha afectado al mundo estos últimos meses ya nos ha dejado algunas valiosas enseñanzas en el plano político y social. Ha puesto de relieve, por ejemplo, la necesidad de mantener la articulación comunitaria y territorial en los espacios en los cuales vivimos, donde la poblaciones o villas han servido para tejer redes de mutuo apoyo y cuidado. A nivel político y económico, ha cuestionado transversalmente la hegemonía del modelo neoliberal en el mundo, modelo que se basa – en términos simples – en la reducción del Estado en favor de la acción de los privados, bajo la idea de que son estos quienes mejor se organizan y logran sus fines.


Ambas ideas son ya contradictorias: el neoliberalismo no tiene problema es resaltar el “yo” por sobre el colectivo bajo la idea de una libertad absoluta del ser humano, mientras que la respuesta territorial al virus ha sido el poner por encima ese “nosotros y nosotras”. 


Otra de las lecciones que ha dejado esta emergencia planetaria es que hay muchas cosas que no funcionan bien en los distintos países, y hay que hacer un esfuerzo por transformar esas realidades incluyendo la de nuestro país. En Chile, de cierta forma, ya nos adelantamos, identificando el foco de gran parte de los problemas. Es por eso que en condiciones normales un día como hoy, 26 de abril, estaríamos haciendo historia: los locales de votación estarían desbordados con el triunfo popular del Apruebo a la Nueva Constitución. Chile habría sellado en las urnas algo que comenzó y continuará en las calles.


Es imposible no sentir cierta frustración por lo que hoy no puede ser. Nuestro momento constituyente se vio mermado por la presencia del Coronavirus, que nos obligó a tomar medidas de distanciamiento (todo lo contrario a los que queríamos) aplazando este proceso de participación ciudadana . Pero por otro lado, y sin dudas, este contexto nos dio la razón en más de algún argumento. Nuestro sistemas de salud, de pensiones y las leyes laborales que fueron tan criticados en la revuelta social, no dieron abasto, demostrando aún más la necesidad de un cambio constitucional.


Nuestra actual Constitución, por ejemplo, no consagra el derecho a la salud. Señala su artículo n°19 numeral 9, que se reconoce ”el derecho a la protección de la salud”, cosa que es totalmente distinta a contar con un sistema universal de atención de salud de calidad asegurado a toda persona, sin distinción. De hecho, sólo es exigible en tribunales que cada persona pueda decidir si desea el sistema público o privado. Además, no es que uno “decida” libremente tampoco, pues la condicionante seguirá siendo el dinero. Un derecho no sirve cuando sólo se escribe, pero no tiene forma de reclamarse. 


Por otro lado, las AFP vuelven a recordarnos lo perverso que resulta tener un sistema de seguridad social entregado al mercado, y no solidario. De acuerdo con información de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS), durante el mes de marzo todos los fondos de pensiones registraron pérdidas, siendo el peor trimestre de toda su historia. Los segmentos de mayor riesgo, los multifondos A y B, acumularon pérdidas por casi el 17% y 14%, respectivamente. Es decir, si una persona tenía acumulados 30 millones  fruto de su esfuerzo y sacrificio de años, en sólo unos días perdió aproximadamente 5 millones. Una debacle total. 


Pero la crisis también nos ha demostrado la necesidad de ahondar en materias más profundas. Por ejemplo, la de fortalecer la sindicalización y los derechos de las y los trabajadores. No es saludable ni ético que sus vidas y las de sus familias queden al arbitrio del empresariado, y eso ni en tiempos de normalidad ni contextos de crisis. 


Por ahí también aparece la necesidad de hacer de nuestros bienes comunes un derecho para toda persona, y el ejemplo más notorio es el agua. ¿Cómo es posible, en términos éticos, que llamen constantemente a lavarse las manos a personas que viven en comunidades donde el agua ha sido saqueada en beneficio de unos pocos?

Este contexto nos dio la razón en más de algún argumento. La salud, las pensiones y las leyes laborales no dieron abasto, demostrando aún más la necesidad de un cambio constitucional.


Y en términos más políticos,  es razonable transformar el mecanismo constitucional de los estados de excepción. En un país democrático, un estado de emergencia decretado por el jefe de Estado debe tener justificación y sentido de apoyo a la población, como es el caso de los desastres naturales, no como una herramienta de represión militar. A nivel institucional, incluyendo la voz de la ciudadanía, por ejemplo mediante la iniciativa popular de ley. Es decir, que los chilenos puedan enviar proyectos al Congreso, cuestión que hoy solo pueden hacer el Ejecutivo y los propios diputados.  Por último, es necesario que evaluemos también una reconducción del  aparato Estatal cuyo centro esté en la colaboración y no en la competencia descarnada.


Es preciso, entonces, avanzar hacia una sociedad distinta, con una carta fundamental que asegure derechos económicos, sociales y culturales para toda la población, terminando con el modelo neoliberal impuesto en dictadura. Es cierto, no fue hoy, pero sin dudas será mañana.


En octubre próximo, después del triunfo en las urnas, podremos decir que siempre tuvimos razón, tal como esta crisis sanitaria nos demostró. Llegaremos con mucha más convicción, optimismo y esperanza a decir cuánto queremos una nueva Constitución, cuánto queremos que Chile decida un país justo, digno y solidario.

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