REPORTAJES

La conexión renquina de los dudosos contratos del Minsal

En las últimas horas se hizo oficial la entrega de antecedentes a la Fiscalía por parte del Ministro Enrique París, sobre un posible fraude al fisco en la contratación de residencias sanitarias. Los dos eventuales investigados – aparte de trabajar en el gobierno – tuvieron un pasado de colaboración con la entonces alcaldesa de Renca, recientemente nombrada como asesora de la también cuestionada subsecretaria Paula Daza.

Es sabido que después de la aplastante derrota electoral que sufrió la UDI en 2016, se produjo un éxodo importante de figuras políticas y otros funcionarios adeptos al proyecto de la ex-alcaldesa Barahona hacia otras municipalidades del país. El otrora ‘imperio’ de la zona nor-poniente de la capital, que llegó a controlar las municipalidades de Renca, Conchalí y un escaño en el congresoVicky Barahona como alcaldesa de Renca, su sobrino Víctor como concejal de la misma, Karla Rubilar como diputada y su ex-esposo Rubén Malvoa como alcalde de Conchalí. Este último estuvo a punto de ser destituido por abandono de deberes y mal manejo de dineros públicos había perdido su principal cimiento y se encontraba en total desbandada.


Una de los destinos predilectos fue la comuna de Maipú, donde la elección de la mediática Cathy Barriga significó una interesante oportunidad de reconversión a varios de los antiguos jefes y mandos medios que habían trabajado en Renca.


Sin ir más lejos, el propio ex-administrador municipal y ex-candidato a alcalde Luis Japaz se convirtió al poco tiempo en “coordinador general” de la alcaldesa Barriga. Ahí se vio envuelto en una seguidilla de hechos (1) (2) que terminaron siendo sancionados por Contraloría e investigados por la Fiscalía, tras lo cual se vio forzado a renunciar a su cargo en julio del año pasado.


Por otro lado, después de un período de dos años alejada de la política y apenas un mes después de que su hija asumiera como Intendenta Metropolitana, CIPER Chile daba cuenta de la llegada de la ex-alcaldesa Barahona al cargo de asesora de la Subsecretaría de Salud. En este rol percibía un ingreso a honorarios de cerca de $3,7 millones mensuales, pese al historial de cuestionamientos y denuncias que arrastraba, varias de las cuales se encontraban en fase de investigación.


En la crisis, oportunidad


Esta semana, el medio Interferencia publicó una serie de denuncias que vinculan al Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga con la emisión de dudosas órdenes de compra por concepto de Residencias Sanitarias. Estos contratos habrían sido otorgados favoreciendo a dos empresas vinculadas con funcionarios de gobierno, incluso de la propia Subsecretaría.


En primer lugar figura la contratación de Hotel Clínico SpA, cuya propiedad está a nombre de la pareja de Orlando Durán PonceQuien es funcionaria del Servicio de Salud Occidente, por lo que también podría ser sumariada, Jefe de DivisiónJefe de División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, cargo en que cual recibía un salario de cerca de $5.800.000. Antes había ejercido como jefe de departamento de la misma subsecretaría, entre septiembre de 2018 y abril de este año en la misma subsecretaría. Esta empresa fue sospechosamente creada sólo un día después que el Ministerio de Salud pusiera en funcionamiento el sistema de residencias sanitarias.

$205 millones de pesos pagó el Ministerio de Salud por el uso de 40 habitaciones en el edificio de Mosqueto 552, donde hasta un día antes de crearse la empresa Hotel Clínico funcionaba el Apart Hotel propiedad de Durán, jefe de Atención Pública de dicho ministerio.


El 22 de mayo pasado la unidad de adquisiciones aprobó el arriendo de 40 habitaciones del edificio de Mosqueto 552 por $205 millones de pesos. En su cargo de Jefe de División de Atención Primaria, el propio Durán era el encargado de coordinar el funcionamiento de los hoteles sanitarios a nivel nacional.


Durán no es una figura desconocida en Renca. A partir de abril de 2014 se desempeñó como Director de Salud de la municipalidad, donde cultivó una relación de confianza con la alcaldesa Barahona y su lugarteniente Luis Japaz. Fue en esta posición que se vio envuelto en el despido ilegal y arbitrario de 5 funcionarios de salud en un contexto de huelga, caso que motivó diversas protestas en la comuna, y en el que la justicia terminó fallando en favor de los trabajadores.


Después de su salida del municipio, Durán se dedicó a consolidar su negocio hotelero hasta que fue incorporado a la subsecretaría de Redes Asistenciales, curiosamente un mes y medio después del arribo de Barahona como asesora de la misma repartición.


“El candidato de la doctora”


Tres días después de revelarse los contratos del ahora suspendido jefe de división Orlando Durán, Interferencia realizó una segunda denuncia sobre adjudicación preferente, esta vez favoreciendo a la familia del Subsecretario de Obras Públicas y Vicepresidente de la UDI Cristóbal Leturia.


Se trataría de un contrato de $187 millones entre el Servicio de Salud de Valparaíso con el Hotel Puerto Mayor de la comuna de San Antonio, con el fin de utilizar el inmueble como hotel sanitario. Este negocio es controlado por la “Sociedad Inversiones Turismo Transporte El Tabo, Inmobiliaria y Constructora Ltda“, propiedad de la familia de Leturia.

$187 millones recibió una empresa propiedad de la familia de Leturia por el arriendo de estas cabañas en San Antonio. Además de ser viceministro del MOP, Leturia es vicepresidente de la UDI.


El indagado subsecretario también tuvo un paso por la comuna. Después de haber perdido una elección como Diputado en la Araucanía en 2009En la que el ex-Senador, ex-candidato presidencial y miembro fundador de la UDI Pablo Longueira fue su jefe de campaña, Leturia buscó otro distrito donde pudiera correr como carta segura. En la antesala de las parlamentarias de 2017, fue presentado en un acto (realizado en una carpa de circo en el Parque Las Palmeras) como el candidato de la ex-alcaldesa Barahona, que para entonces ya preparaba su regreso con una eventual postulación a la alcaldía en 2020, como ella misma señaló esa noche.


Lamentablemente para Leturia, para ese entonces la figura de Vicky Barahona ya no lograba la tracción electoral de antaño, obteniendo poco más de 2.700 votos de un universo de 377 mil electores. Su escaso 0,73% de los votos, por supuesto, lo dejó fuera del parlamento.


El mismo mes que Barahona comenzó a trabajar como asesora del Minsal, su “apadrinado” Leturia ingresó al gobierno asumiendo como gerente de SERCOTEC, aunque luego del reordenamiento ministerial que siguió al Estallido Social fue movido a la subsecretaría de Obras Públicas, cargo que aún ejerce.

Aunque realizó una fuerte inversión para su campaña, que hasta incluyó la instalación de un circo en el que se mostró junto a la ex-alcaldesa, Cristóbal Leturia no logró convencer ni al 1% de los votantes de la comuna. Con su estrepitoso fracaso electoral, el hombre encargado de mantener vivo el Barahonismo no logró mucho más que cerrar un ciclo.


Ahora le tocará a la justicia


En los últimos días, fueron parlamentarios de distintos sectores los que iniciaron requerimientos para iniciar investigaciones por estos cuestionados contratos. A la denuncia del diputado Andrés Celis (RN) y otra de Gabriel Silber (DC) se sumó ayer la presentación de los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte por parte del Ministro de Salud Enrique Paris, así como la apertura de un sumario contra los funcionarios involucrados.


Entre los eventuales cargos imputados contra Orlando Durán y su colaborador Dangelo Isalvatore, despedidos por estas y otras irregularidades en la contratación de residencias sanitarias se consideran fraude al fisco y uso de información privilegiada.


Se trata de otro episodio dudoso que involucra a ex-altos funcionarios o colaboradores de la anterior administración municipal de Renca que como sabemos, dejó un manto de corrupción que en muchos casos aún no se puede esclarecer.

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